Ponencia presentada en vistas públicas para la evaluación de la Ley de la Música Autóctona Tradicional Puertorriqueña

abril 24, 2009 at 6:06 pm Deja un comentario

Por Mareia Quintero Rivera, Ph.D (Profesora del Recinto de Río Piedras, UPR)

San Juan, 24 de abril de 2009

Comparezco ante esta Comisión como investigadora en el campo de las políticas culturales y ciudadana preocupada con el desarrollo de una legislación cultural que contribuya a hacer justicia a los músicos, así como a otros artistas puertorriqueños y puertorriqueñas, promoviendo el enriquecimiento del quehacer cultural en nuestro país.

Aunque no me dedico a la música profesionalmente, hice mi bachillerato en esa disciplina en la UPR y posteriormente, he continuado relacionada al ámbito musical a través de la investigación desde los campos de la historia y los estudios culturales, en los cuales realicé mis estudios graduados. Me desempeño como profesora de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico y actualmente coordino la Maestría en Gestión y Administración Cultural, que es un nuevo programa académico iniciado en enero de este año. Además dirijo el proyecto de investigación colaborativa Mapa Cultural del Puerto Rico Contemporáneo, el cual busca generar información estadística y cualitativa que ayude a tomar el pulso a los procesos culturales en nuestro país.

Entiendo que la política pública en el área de la cultura, así como en todos los ámbitos, debe fundamentarse en el estudio y la investigación de la realidad social y no meramente en opiniones y gustos personales de funcionarios y representantes del poder público. En ese sentido, felicito a esta Comisión por iniciar un proceso de estudio sobre la implementación, alcance y efectividad de la Ley 223, antes de dar paso a la discusión de cualquier enmienda a la misma. Agradezco la oportunidad que se me brinda de participar en este proceso de vistas públicas y espero que la Comisión mantenga el espíritu de apertura que ha mostrado para escuchar las voces de los distintos sectores que deseen expresarse.

Como parte del proyecto del Mapa Cultural del Puerto Rico Contemporáneo, el año pasado inicié una investigación sobre la implantación de la Ley de la Música Autóctona Tradicional Puertorriqueña y sobre varios proyectos culturales generados de forma auto-gestionada por músicos del patio, los cuales persiguen fines análogos a los que expresa la ley. En esta mañana quisiera compartir con ustedes una síntesis de lo que he podido observar respecto al funcionamiento de la ley, así como plantear algunas sugerencias que entiendo podrían hacerla más efectiva o complementar aspectos que ahora se encuentran desatendidos. Las observaciones que voy a hacer respecto a la implantación de la ley se basan en el análisis de los informes de los evaluadores del Instituto de Cultura -concretamente pude consultar los expedientes de once municipios, así como el de la Compañía de Turismo-. Además realicé entrevistas a profundidad a cinco reconocidos músicos de los géneros cobijados por la ley, así como a la pasada directora de la División de Música del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Sra. Ruth Silva y otros funcionarios de dicha dependencia.

La controversia en torno a las definiciones

En primer lugar, quisiera hacer una breve referencia en torno a las polémicas por la definición de “música autóctona”. Como es por todos conocido, la noción de “música autóctona puertorriqueña” ha sido eje de intensos debates y seguirá siéndolo. Las prácticas musicales que con el tiempo se van sedimentando y convirtiendo en lo que se conoce como “géneros”, no tienen fecha y hora de nacimiento. A veces incluso se hace imposible precisar el lugar en donde surgen. En ese sentido estoy de acuerdo con la definición amplia y abarcadora que presentó en su momento el Instituto de Cultura, entendiendo por “música autóctona” toda composición de autor puertorriqueño que contenga elementos representativos del lenguaje musical del país.

Sin embargo, la intención de la Ley 223, según se hizo claro en el debate público sobre la medida, era la de promover aquellos géneros musicales que vienen cultivándose en nuestro suelo por más de un siglo y que actualmente no gozan de una presencia significativa en la industria musical y en los medios de comunicación. Es por eso, que la Ley 25 del 2005 enmendó el texto original de la Ley 223 para introducir el concepto de “música tradicional puertorriqueña” y determinar los géneros que estarían cobijados por la misma. Aunque el concepto de “música tradicional” también puede ser objeto de debates, entiendo que resulta ser mucho más preciso que el de “música autóctona”, como categoría que comprende los géneros en cuestión. La Ley 25 incluso enmendó el título de la medida original, ahora nombrada “Ley de Nuestra Música Autóctona Tradicional Puertorriqueña”. Aunque esto sea más bien un detalle, me preocupa que la Resolución de la Cámara 381 continúe haciendo referencia al antiguo título de la Ley, ya que esto pude hacer resurgir un debate que me parece ya fue atendido por la enmienda citada.

Los géneros tradicionales y el mercado musical

Aunque no se puede decir que han estado ausentes de la industria musical y de los medios de comunicación, los géneros cobijados en esta ley ciertamente no han tenido la visibilidad que merecen, tanto porque han sido objeto de prejuicios históricos, como por las dinámicas del mercado musical que privilegia la moda del momento. En ese sentido, me parece legítimo el reclamo por una política pública que apoye su preservación, difusión y desarrollo, al tiempo que busca garantizar espacio laboral para los músicos que cultivan dichos géneros.

Es una pena que antes de aprobar esta ley no se hubiese hecho un estudio de la inversión de fondos públicos en espectáculos musicales. Dicha investigación ahora podría servirnos de parámetro para evaluar el impacto de la medida. De hecho, me parece que una de las virtudes de esta ley ha sido el requerir de las agencias públicas el rendir informes sobre los gastos de fondos públicos en espectáculos musicales,  lo cual nos ayuda a conocer mejor las dinámicas económicas que envuelve la gestión cultural gubernamental, particularmente de los municipios.

Como ustedes saben, una vez aprobada, el proceso de implantación de la ley por parte del Instituto de Cultura Puertorriqueña se fue dando por etapas. Un año antes de comenzar a emitir multas, el Instituto comenzó a requerir de los Municipios informes de cumplimiento. Tuve oportunidad de examinar algunos de esos informes anteriores al momento en que se comenzaron a imponer penalidades. La mayoría de los informes que observé de ese periodo estaban en incumplimiento de la ley. Me llamó la atención, por ejemplo, observar que un Municipio como Caguas que ha cumplido cabalmente con la ley según pude constatar en los informes del 2007 al 2008, en las actividades de los meses anteriores a la fecha establecida para el inicio de la imposición de multas, no alcanzaba el 30% que exige la ley en fondos destinados a la contratación de artistas de música tradicional. Este ejemplo sugiere que la ley en efecto está comenzando a tener un impacto en el presupuesto que los Municipios están destinando a los géneros tradicionales, cumpliendo de esta manera el propósito de aumentar la representación de la música tradicional en los espectáculos públicos.

Disparidad de honorarios

La disparidad de honorarios en eventos que tienen financiamiento público, la cual se revela en los informes de los municipios me parece un hecho preocupante. Éste es un tema que ha salido a relucir varias veces en estas vistas y me parece que debe atenderse por medio de algún tipo de reglamentación. He escuchado el planteamiento de que no cabe al gobierno “poner precio” a los artistas. Difiero en parte de esta apreciación. Entiendo que la gestión cultural gubernamental no debe regirse por las leyes de mercado. Es menester que las instituciones gubernamentales tengan criterios sobre cómo invertir los fondos públicos en cultura. No me parece justo que el gobierno -en este caso los municipios- pague honorarios dos y tres veces más altos a artistas que se han puesto de moda muchas veces gracias a la exposición que han tenido en los medios de comunicación (en programas como “Objetivo Fama”, por dar un ejemplo) frente a artistas de música tradicional con una larga trayectoria, reconocido talento y en el caso de muchos de ellos, un significativo reconocimiento internacional. Esta inequidad que crea el mercado musical no me parece aceptable cuando se trata de la gestión cultural gubernamental. En ese sentido veo con buenos ojos la idea de que se establezcan unos parámetros para las contrataciones de agrupaciones por agencias gubernamentales, incluyendo la fijación de topes. Sin embargo, éstos deben establecerse tomando en cuenta el carácter de las agrupaciones, ya que no es lo mismo un artista que se presenta con un número reducido de músicos acompañantes, que agrupaciones que constan de 15 o 20 músicos o más, por ejemplo.

La gestión cultural municipal y el papel de los promotores

El ámbito de la gestión cultural municipal se ha desarrollado enormemente a nivel internacional. Cada vez más los gobiernos locales van reconociendo el potencial de la cultura para fortalecer el tejido social de sus comunidades, así como para su desarrollo económico, incluyendo el potencial turístico.

En Puerto Rico, ciertamente vemos que la gestión cultural municipal mueve grandes cantidades de dinero. Como ha salido a relucir, en las Fiestas Patronales los Municipios no sólo invierten fondos, sino que recaudan importantes sumas de las subastas y concesiones para la instalación de machinas, quioscos, etc. Más allá de las principales ciudades del país, llama la atención que municipios como Jayuya o Añasco, por ejemplo, hayan emitido contratos que superan los $100,000 para la realización de sus fiestas patronales.

En un levantamiento que realizamos recientemente como parte del proyecto del Mapa cultural del PR contemporáneo pudimos identificar que cincuenta municipios de Puerto Rico cuentan con algún tipo de oficina que atiende la gestión cultural (Departamentos de Cultura, Oficina de Asuntos Culturales, etc.). Entendemos que a través de las organizaciones que agrupan a los municipios debe promoverse un proceso de profesionalización de las labores de gestión cultural municipal, de modo que los Municipios puedan asumir dicha tarea con unos criterios mejor definidos. Para esos fines se debe recurrir a la colaboración del Instituto de Cultura y de la Universidad de Puerto Rico. La contratación de artistas no debe depender del gusto particular del alcalde. Esto es desvirtuar el fin de lo que debe ser la gestión cultural municipal. La cultura es vital para el desarrollo humano y social, y la gestión del gobierno debe considerarla como tal, siendo más creativa y más justa en su oferta. Los promotores, si quieren seguir siendo intermediarios del gobierno para la gestión de eventos culturales también deben asumir ese reto.

La función que cumple un promotor es importantísima, en la medida en que ayuda al músico a llegar a nuevos públicos. Sin embargo, si esta función se ejerce siguiendo criterios estrictamente comerciales y peor aún incurriendo en procedimientos anti-éticos, entonces es totalmente incompatible con la gestión pública. Más allá de investigar las posibles ilegalidades en que hayan incurrido algunos promotores -algo que sin duda considero importante- me parece que esta comisión debería realizar un estudio, como el que se está llevando a cabo en estas vistas, sobre los efectos de la Ley 113 del 2005 que creó el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico. Entiendo que dicha ley, cuyo objetivo fue el de proteger a los productores locales, al colocar en un mismo saco una gran diversidad de “eventos públicos” juega en contra de los intereses de aquellos productores pequeños que actúan en el campo de las artes, incluyendo cierto tipo de música que no está dentro del “mainstream” comercial.

Lagunas de la ley

1. ¿Cómo fomentar diversidad en las contrataciones?

El examen de los informes municipales revela que no existe gran diversidad en las agrupaciones de música tradicional que están siendo contratadas. Esto contrasta con la lista de cerca de cuatrocientas agrupaciones e intérpretes certificados por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. En la investigación realizada entrevisté directores de agrupaciones que gozan de prestigio y reconocimiento en Puerto Rico e internacionalmente que sin embargo me indicaron que hasta ahora no han  sido contratados bajo la Ley o a penas han sido contratados en escasas ocasiones.

Me parece que el establecer unos parámetros para las contrataciones podría ayudar a subsanar este hecho, aunque no lo garantiza. Además, el Instituto de Cultura Puertorriqueña podría diseñar estrategias para dar a conocer los músicos certificados. Por ejemplo, podría crear un catálogo en línea con información promocional de cada grupo o artista.

El buen funcionamiento de esta Ley, sin duda, requiere de acciones por parte de los Municipios, el Instituto de Cultura y otras agencias gubernamentales.

2. ¿Cómo lograr el mejor aprecio de la música tradicional y una mayor presencia de ésta en los medios de comunicación?

La política pública cultural no debe limitarse al asunto del uso de fondos públicos en espectáculos musicales. Es necesario fomentar proyectos educativos que pongan a nuestros niños y jóvenes en contacto con la música tradicional y les ofrezcan la oportunidad de formarse y desarrollarse en dichos géneros.

Asimismo, a pesar de que la reglamentación de los medios de comunicación en Puerto Rico está sujeta a la Comisión Federal de Comunicaciones, es importantísimo que se puedan crear políticas públicas que promuevan una mayor visibilidad de la música tradicional en los medios de comunicación. Como mínimo, debería establecerse algún tipo de política para los medios públicos. En todos los países latinoamericanos cuya legislación cultural he podido consultar existen cuotas para la música nacional y específicamente para los géneros tradicionales en las transmisiones de radio y televisión.

La Ley 223 debe verse como un comienzo para desarrollar una Ley de la música puertorriqueña que sea mucho más abarcadora en cuanto a los ámbitos que toca. En un contexto en el cual la fuerza del mercado puede constituir una amenaza a la diversidad de expresiones musicales a las cuales tenemos acceso, tanto a las tradicionales como a las innovadoras, la tendencia internacional es la de desarrollar leyes que abarquen diversos ámbitos de la promoción musical. Por ejemplo, actualmente se debate en Argentina la aprobación de una Ley Nacional de la Música, que busca generar herramientas para la producción, distribución y difusión de la música grabada; la coordinación de circuitos estables de música en vivo; la formación integral de músicos y la otorgación de créditos y subsidios a la producción musical, entre otros aspectos. Por otro lado en España, también se discute la aprobación de una Ley sumamente abarcadora que incluye aspectos como derechos de los músicos, a través de la creación del Estatuto del Músico, con el fin de dignificar su condición, así como la creación de un Código de Buenas Prácticas dentro del sector.

3. ¿Cómo promover la experimentación en la música puertorriqueña?

El mercado musical de la moda no sólo suele relegar a un segundo plano los géneros tradicionales, sino que muchas veces también excluye a los músicos más experimentales que se expresan a través de diversos lenguajes, como el jazz, la nueva canción, el hip hop, el rock, la llamada música clásica y otros géneros de fusión. Asimismo hay música puertorriqueña en otros géneros que no son los contemplados por la Ley que también debe valorarse y mantenerse viva en la memoria musical de nuestra gente.

Además de la ventana que provee la ley para que el 25% del repertorio de las agrupaciones de música tradicional interpreten otros géneros, me parece que también deben considerarse formas específicas de promover la música experimental y particularmente aquélla que aunque no puede considerarse tradicional, incorpora elementos de los géneros tradicionales puertorriqueños.

Una posibilidad a considerar, desde mi punto de vista, podría ser establecer una cuota adicional al 30% destinado a la música tradicional para este tipo de expresión.

Estos aspectos que he identificado como lagunas entiendo que deben ser asunto de una discusión más amplia en el momento de pensar una ley más abarcadora de promoción de la música puertorriqueña. No me parece que deben atenderse con enmiendas a la Ley existente.

Recomendaciones específicas:

1-    Entiendo que en este momento la Ley 223 no debe ser sometida a enmiendas. La enmienda que ha sido planteada respecto a la reducción a un 10% del presupuesto de contratación de músicos me parece simplemente irrisoria. En modo alguno creo que se debe disminuir el por ciento actual que se exige para la música tradicional.

2-    En cuanto a la posibilidad de que el 30% destinado a la música tradicional se calcule a base del presupuesto anual del Municipio para contratación de músicos, en lugar de ser calculado para cada evento que supere los $10,000, pienso que ese sería un asunto a considerar una vez que el Instituto de Cultura haya hecho una evaluación de cuánto está gastando cada municipio anualmente en contratación de músicos y específicamente en géneros tradicionales. Sin esta información, se estaría dando palos a ciegas. Por otro lado, de prosperar una enmienda como esa, me parece que se debería excluir de la misma a las Fiestas Patronales. La Fiestas Patronales tienen un papel importante en la vida social y cultural de los Municipios y pienso que en ésta debe garantizarse una presencia significativa de nuestra música tradicional.

3-    Considerar establecer parámetros para las contrataciones con fondos públicos, incluyendo el establecimiento de topes.

4-    Llevar a cabo un estudio sobre los efectos de la Ley 113 del 2005 y el funcionamiento del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos.

5-    Iniciar un proceso participativo para la preparación de un proyecto de Ley de la Música más abarcador que incluya aspectos como el educativo, el de la presencia en los medios de comunicación y el de los derechos de los músicos. Dicho proceso debe llevarse a cabo con plena participación del Instituto de Cultura, así como de compositores, intérpretes, educadores musicales, productores, etc. Además, debe tomarse en consideración  los diagnósticos hechos previamente por la Comisión de Educación y Cultura del Senado (publicado como Informe sobre las Instituciones Culturales en Puerto Rico) y por el Informe de la Junta de Política Cultural nombrada por el gobernador durante el pasado cuatrienio.

6-    Considerar la posibilidad de crear un Fondo para el financiamiento de proyectos que fomenten la música puertorriqueña. El dinero para dicho fondo podría provenir, por ejemplo, de un impuesto a los boletos del Coliseo de Puerto Rico o a la importación de discos compacto, entre otras posibilidades.

Una vez más, agradezco a la Comisión por la oportunidad de expresarme en estas vistas y espero que este proceso contribuya a mejorar la gestión cultural de los municipios y agencias gubernamentales en aras de dignificar la labor de nuestros músicos y de fomentar el desarrollo continuo de las artes en nuestro país.

Referencias:

Ley Nacional de la Música (Argentina)

http://www.musicosconvocados.com/

Ley de la Música (España)

http://www.laleydelamusica.com

Proyecto Mapa Cultural del Puerto Rico Contemporáneo

http://www.mapacultural.wordpress.com

http://www.tendenciaspr.com/Cultura/Cultura.html

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