¿Podemos como comunidad artística incidir en la política pública?

octubre 6, 2009 at 1:11 pm Deja un comentario

¿Podemos como comunidad artística incidir en la política pública?
Reseña del Foro con el  Colegio de Actores de Puerto Rico

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Por Lizamell Díaz

Con el objetivo de abrir espacios de diálogo en los que se formulen acciones que contribuyan al desarrollo del arte puertorriqueño, la Maestría en Gestión y Administración Cultural está realizando un ciclo de conferencias titulado “Realidades y posibilidades en las artes escénicas”. El primero de estos encuentros se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre del 2008 en torno al polémico asunto de la colegiación compulsoria de actores y actrices.

Bajo la moderación de Lydia Platón Lázaro, profesora del curso “Modos de producción en las artes escénicas”, participaron del panel varios directivos y miembros del Colegio de Actores de Puerto Rico (CAPR). Entre ellos: su actual presidenta Anamín Santiago, los ex-presidentes Magali Carrasquillo, Wilson René Santiago y José Caro, el vicepresidente Enndy Hernández y  el director de la Comisión de Supervisión y Colegiación Omar Torres Molina.

En este primer foro se presentaron las disposiciones de la Ley del Colegio de Actores de Puerto Rico, conocida como la Ley Núm. 134 del 15 de julio de 1986 con sus enmiendas. Por otro lado, se procuró establecer un diálogo acerca de las preocupaciones que ésta genera en la comunidad artística, partiendo de la experiencia de los estudiantes del curso, entre quienes se encuentran varios actores, productores, directores, escritores, bailarines y educadores. Por tal motivo, el conocimiento de la misma es esencial para su labor como gestores.

La presentación y explicación de la Ley estuvo a cargo de Wilson René Santiago quien enfatizó que el CAPR se encuentra en una actitud receptiva a las preocupaciones suscitadas por la Ley, considerándola un documento que todavía necesita cambios para que se ajuste mejor a las necesidades de los actores y actrices del país.

La Ley 134 del 15 de Julio de 1986, según enmendada por la Ley 211 del 12 de agosto del 2004 reglamenta la práctica de la profesión de actor en Puerto Rico, creando a estos fines la Junta de Acreditación de Actores y la Junta de Directores del CAPR. Según el Colegio, el propósito de esta Ley es mejorar las oportunidades y condiciones de trabajo de los actores y actrices del país.

Esta Ley establece que el CAPR es una entidad cuasi-pública que certifica y autoriza la práctica de la profesión de actor o actriz en Puerto Rico. Pretende representar a todos los actores que ejercen la profesión en el país. También implanta penalidades ante violaciones a la ley, crea tarifas mínimas para todo tipo de producción (teatro, televisión, radio y cine) y determina el número de colegiados que participarán en producciones en las que se desempeñen actores no domiciliados.

Algunos de los beneficios que, según el CAPR, ellos ofrecen a sus miembros son: representación legal, talleres de educación continua, fondo de emergencia por enfermedad, terapias de apoyo emocional y foto del colegiado en el catálogo de su página web. También ellos pretenden ser intermediarios entre productores y miembros.

Los deberes del nuevo miembro son cumplir con la Ley 134, el reglamento y el código de ética. También debe pagar la cuota anual, asistir a las asambleas e informar al CAPR acerca de violaciones a la Ley.

Según el CAPR, el colegiado tiene voz y voto en las asambleas a la vez que puede ser elegible a cualquier puesto. Éste tiene derecho de ser debidamente atendido y representado por el colegio. También puede participar en todas las actividades, servicios y programas. Por último, puede solicitar exención de pago de cuota por motivo de salud.

Como penalidad, establece que toda persona que lleve a cabo un espectáculo artístico y contrate los servicios de actores no colegiados incurrirá en delito menos grave. También la Ley penaliza a toda persona que se dedique a la práctica de la profesión de actor sin estar debidamente colegiada.

A continuación resumimos el diálogo entablado entre los panelistas y el público asistente tras la presentación del Colegio de Actores de Puerto Rico:

¿Cómo se pueden atender a través del Colegio de Actores las limitaciones legales para que se realicen representaciones artísticas en la calle?

Anamín Santiago: Sería necesario cabildear ante las instituciones que reglamentan el uso de los espacios públicos. Por otro lado, si hubiera enriquecimiento con ese trabajo habría que acercarse a quienes lo practican para asegurarse de que estén colegiados. Hay que mostrar cuán conveniente es para ellos que un movimiento organizado intervenga en la protección del trabajo actoral. Eso en este momento no está pasando. Si fuese un extranjero, por ejemplo, el colegio intervendría.

¿La Junta actual del Colegio de Actores contempla proponer cambios a la ley?

Anamín Santiago: Sí, nosotros lo contemplamos y tenemos que contemplarlo. La misma Ley y el reglamento indican que el mismo tiene que ser revisado continuamente. Ahora en noviembre hay una revisión del reglamento que viene de la directiva anterior. Así es que hay que darle tiempo a esta revisión para que se comience a poner en práctica.

Wilson René Santiago: El proceso para enmendar una ley es tan difícil que las canas que yo tengo en este pelo…muchas de ellas fueron a consecuencia de la última revisión de la Ley que tomó 17 años. La radicación tomó casi 5 años. Luego hubo gente que se le sentó encima, gente que tú no pudieses ni imaginarte que iban a ser un obstáculo… que te llegaban a decir que el proyecto no se podía seguir trabajando porque la persona encargada en la oficina se había roto una pierna y no había otro personal “que trabajara eso”, etc. Consideramos que la ley se puede dejar como está y hacer los cambios necesarios en el reglamento, del cual esta Junta tiene el control absoluto ya que es nuestro instrumento de trabajo.

¿Podrían mencionar algún caso en que el Colegio haya penalizado a algún grupo de teatreros por no formar parte del mismo?

Wilson René Santiago: No se ha intentado penalizar, sino defender. Lo más cercano a una situación como esa ocurrió hace algunos años cuando el Colegio recibía de Ballet Concierto el pago de un permiso transitorio por unas niñas. Pero a la larga se examinó, se analizó y se entendió que no era justo que el colegio recibiera un pago por un permiso de una niña por participar en algo que es parte de su preparación académica o artística.

Anamín Santiago: Hay casos en que se ha tenido que intervenir para evitar el abuso, como pasó en el caso de los compañeros de teatro deportivo. No podemos dar detalles porque hay un voto de confidencialidad. Pero ahí hubo un abuso y el colegio tuvo que intervenir.

Wilson René Santiago: El colegio ha llegado a defender y hacer cobros de salarios de compañeros que no están colegiados. No nos ponemos gríngolas en ese sentido. Hay que ser amplio, justo.

¿Cómo trabajan con producciones como Disney sobre hielo o circos que vienen con elencos extranjeros?¿Le aplican penalidades o dejan que hagan lo que quieran?

Anamín Santiago: Esa es una de las razones por las cuales esa cuota mínima es ultra necesaria. Porque por más abogados sindicales que ayuden al colegio, nuestro primer abogado es el secretario de Justicia así como nuestro primer defensor de los actores, a parte del manejo del Colegio, es el Departamento del Trabajo. Pero hay ocasiones en que hay que recurrir a abogados, como en el caso del Circo Tihanny que desangró al colegio y que ganó el caso.

Wilson René Santiago: Se llegó a conversar con el director administrativo del colegio de productores de espectáculos en varias ocasiones, debido a que hay esa posibilidad de establecer diálogos como colegios para llegar a acuerdos. En el momento que se comenzaron a dar esas conversaciones, primero yo me estaba yendo y, por otro lado, el colegio de productores de espectáculos se estaba organizando y estableciendo sus prioridades. Pero sí, se llegaron a establecer conversaciones para que entre ambas organizaciones hubiese un diálogo.

¿Cómo puede el Colegio incidir para controlar el “monopolio actoral” y permitir que actores jóvenes puedan participar en este campo laboral?

Omar Torres: Eso hay que trabajarlo porque en este momento no se puede obligar a un productor, bajo su concepto, a decidir quién tiene que trabajar o no. Pero sí se puede hacer una invitación.

Anamín Santiago: Además no hay que olvidar a nuestros actores ancianos, que están sin trabajo y eso también implica una responsabilidad de parte de nosotros. En la medida en que consigamos que las producciones sean del CAPR, entonces nosotros podemos instar a eso. Pero como bien dijo Omar no podemos obligar al sector privado. Nosotros sí podemos insistir en el sector público, sí podemos reunirnos con José Martínez, director de la División de Teatro y Danza del ICP y solicitarle que exija audiciones. Esto es un trabajo de varios sectores. Los productores sin fines de lucro deben de provocar eso también y los productores de espectáculos con fines de lucro también.

Magali Carrasquillo: Algo se comentó de la necesidad o preferencia de que el organismo que represente a los actores sea un sindicato, sea una unión. Yo creo que es importante que en este foro se sepa que todas esas alternativas se han contemplado. Hubo trabajos de actores en los que hemos participado algunos de los que estamos aquí, que se llevaron a cabo por años, que se estudiaron sindicatos de otros países, que se empezaron a establecer unos estatutos para nosotros crear un sindicato puertorriqueño de actores y hemos hablado con líderes sindicales y hemos hablado con presidentes de otras organizaciones como por ejemplo el Colegio de Abogados, de uniones, etc. La conclusión hasta ahora ha sido siempre la misma: Las instituciones son lo que sus miembros quieren que sean. Nuestro Colegio es joven y, como todo, está en proceso de desarrollo. Creo que es importante este tipo de instancias donde nos escuchemos unos a otros e intercambiemos opiniones.

El Colegio no es ajeno a otras situaciones que pasan en nuestro país. Que por los planes de unos pocos poderosos cada vez estamos más metidos en lo nuestro individual, en nuestra casa, en nuestra reja, en nuestro acceso controlado y es un plan perfecto para que no nos organicemos, ni luchemos por el bien común de cada gremio o profesión. Hay que participar. No se puede dejar en manos de siete personas cada dos años y que éstos sean los únicos responsables.

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“[…] un mapa no para la fuga sino para el reconocimiento de la situación desde las mediaciones y los sujetos, para cambiar el lugar desde el que se formulan las preguntas, para asumir los márgenes no como tema sino como enzima.” (Jesús Martín Barbero, “Oficio de Cartógrafo”)

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